opinión

Creo en la televisión pública. El Estado debe contar con un canal potente para disponer de él si se producen circunstancias excepcionales. Hay cuestiones que no se pueden defender desde el egoísmo de la iniciativa privada.

No veo, sin embargo, por qué se han multiplicado los canales audiovisuales autonómicos con unas pérdidas que erizan los vellos. La vanidad de muchos de los presidentes de esos 17 Estados de pitiminí que hemos creado no conoce límites. Están dispuestos a despilfarrar lo que haga falta con tal de salir en la pequeña pantalla. La televisión autonómica valenciana, por ejemplo, con sus 1.800 empleados supera en número de trabajadores contratados a la suma de Antena 3, Telecinco, la Cuatro y la Sexta. La televisión andaluza no le va a la zaga y ha enchufado a 1.600 personas. Y la catalana riza el rizo con 2.200. Un escándalo más de la clase política española que ha convertido a los partidos en agencias de colocación.

Soraya Sáenz de Santamaría, con muy buen sentido, piensa terminar con la hemorragia de las televisiones autonómicas, manteniendo un canal público nacional especialmente acreditado como TVE. No lo va a tener fácil. En las televisiones públicas autonómicas trabajan unos 11.000 profesionales. Los sindicatos, por otra parte, se enseñorean en ellas. En la empresa privada, las centrales sindicales se encuentran en acelerado retroceso. Los trabajadores han aprendido que ciertas exigencias sindicales terminan muchas veces haciéndoles perder sus empleos. Eso lo ha explicado muy bien el profesor Feito. Los sindicatos solo conservan fuerza en las empresas públicas porque en ellas se dispara con pólvora del rey. Se batirán como panteras de Java para que Soraya no consiga su propósito de privatizar las televisiones autonómicas. Y vamos a ver quién gana el pulso.